Procurador general da directrices para inclusión de políticas de infancia, adolescencia, juventud, mujer y familia en los planes de desarrollo
Boletín 062
Fuente: PGN
Fecha Publicación: lunes, 30 enero 2012 02:45 PM
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, instó a autoridades del orden nacional y territorial a evaluar las políticas públicas en materia de la infancia, la adolescencia y la juventud, y a incluir los derechos de las mujeres y de la familia en los planes de desarrollo, cumpliendo los lineamientos técnicos que en la materia y teniendo en cuenta el ciclo de vida y el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.
A través de la Directiva 001, expedida el pasado 26 de enero, el jefe del Ministerio Público solicitó a los ministros de Salud y Protección Social; Educación Nacional; Vivienda, Ciudad y Territorio; Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Justicia y del Derecho, y del Interior; a la alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, a los directores de los departamentos Nacional de Planeación y Administrativo para la Prosperidad Social, del Programa Presidencial Colombia Joven, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la fiscal general de la Nación, a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales; a los personeros y demás autoridades responsables de las políticas públicas de infancia, adolescencia, juventud, mujer y familia, destinar y apropiar los recursos para la implementación de las políticas públicas en beneficio de estas poblaciones.
El procurador Ordóñez Maldonado instó a las autoridades territoriales para que elaboren un diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento o municipio dentro de los primeros cuatro meses de su mandato, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender y determinar las estrategias que se implementarán para ello.
Al referirse, entre otros aspectos, a las disposiciones para la inclusión del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la primera infancia en los planes de desarrollo, el jefe del Ministerio Público exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social para que convoque a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de que elabore el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017, según lo dispone el Conpes 113 del 31 de marzo del 2008, de manera articulada con los entes territoriales y favoreciendo su autonomía territorial y administrativa.
Respecto de la política criminal juvenil, el procurador general instó a los mandatarios territoriales para que tengan en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) y en esa medida el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se constituya en una prioridad, en especial lo relativo a la construcción de los centros de atención especializada y las unidades de servicio de atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Igualmente los exhortó para que incluyan recursos suficientes en la implementación de políticas públicas que aseguren que la investigación y el juzgamiento de estos adolescentes, así como la ejecución de la sanción que les fuere impuesta, se cumpla con las garantías sustantivas y procesales en el marco de los principios del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
En materia de inclusión de los derechos de las mujeres en los planes de desarrollo, el procurador general de la Nación solicitó, entre otros aspectos, que se incluyan en los presupuestos territoriales recursos suficientes para implementar políticas públicas con perspectiva de género, que el tema de la violencia contra las mujeres sea incluido en la agenda de los Consejos de Política Social, y que se promuevan mecanismos que garanticen la participación ciudadana, incluyendo de manera particular a las organizaciones de mujeres en la elaboración del diagnóstico y en la formulación del plan de desarrollo, así como generar condiciones para hacer efectivo el control social.
El jefe del Ministerio Público se refirió también a algunas disposiciones para la inclusión del derecho a la vivienda digna como medio para garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia, la mujer y la familia. Entre otros aspectos, instó a las autoridades territoriales para que elaboren un diagnóstico de la situación de la vivienda en su región, que contenga el (i) cálculo del déficit cuantitativo de vivienda; (ii) el cálculo del déficit cualitativo de vivienda; (iii) el levantamiento y cuantificación de las áreas de riesgo en el municipio; (iv) la cuantificación de los asentamientos en riesgo; (v) la cuantificación de las áreas y viviendas afectadas por la ola invernal; (vi) la cuantificación de las demandas en vivienda de la población desplazada, y (vii) la cuantificación de las demandas de otras poblaciones especiales en el municipio.
En la citada directiva, el procurador general solicitó a los gobernadores y alcaldes remitir los respectivos planes de desarrollo, debidamente aprobados, a partir del próximo tres de julio y hasta el 30 del mismo mes, a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Los procuradores regionales, provinciales y judiciales en Asuntos de Familia, así como los personeros municipales, deberán hacer seguimiento al cumplimiento de la Directiva 001 de 2012.
